Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte pide revisión justa de la Ley de Residuos Sólidos

Provincia Duarte, República Dominicana – La Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte expresó este miércoles su preocupación por el impacto económico que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reciente modificación está generando sobre el comercio formal y las mipymes, al tiempo que reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente.

El presidente de la entidad, Carlos Manuel Almazara, aclaró que el sector comercial no se opone a una legislación ambiental, pero considera que la normativa actual presenta debilidades que la hacen injusta y desproporcionada, especialmente para los pequeños y medianos negocios.

“Estamos a favor del cuidado del medio ambiente, pero una ley ambiental debe ser justa, equitativa y sostenible. No puede convertirse en una carga que ahogue a las mipymes”, expresó Almazara.

La asociación explicó que uno de los principales puntos de preocupación es que la contribución económica establecida en la ley se calcula principalmente en función de los ingresos y no de la cantidad real de residuos generados, lo que afecta a sectores de bajo impacto ambiental.

Asimismo, señaló que la normativa prioriza el cobro y las sanciones, sin establecer incentivos claros para el reciclaje, la reducción de residuos ni un acompañamiento educativo adecuado para los sectores productivos.

La Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte también hizo énfasis en la necesidad de transparencia en el uso de los fondos recaudados y de evitar cualquier forma de concentración o monopolización en la gestión de los residuos sólidos.

En ese sentido, la entidad propuso:

•Revisar el esquema de contribuciones para que sea proporcional a los residuos generados.

•Establecer un régimen especial para las mipymes.

•Crear incentivos para buenas prácticas ambientales.

•Aplicar la ley de manera gradual y consensuada.

•Abrir mesas de diálogo con los sectores productivos.

Finalmente, el gremio hizo un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para revisar los aspectos que hoy generan preocupación y construir una ley ambiental que combine protección del medio ambiente, justicia social y equilibrio económico.

“El comercio organizado quiere ser parte de la solución, no una víctima de una normativa que necesita correcciones”, concluyó Almazara.