* PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AMBIENTE Y VIDA COTIDIANA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA*
Por Luis Carvajal Núñez
ARTÍCULO 1 DE 6
ORDENAR EL TERRITORIO PARA DEFENDER LA VIDA: LO QUE TODA COMUNIDAD DEBE SABER
IDEAS CENTRALES
Idea central 1: El ordenamiento territorial no es un asunto exclusivo de técnicos, abogados, ingenieros o funcionarios; decide la vida diaria de la población.
Idea central 2: Planificación territorial y ordenamiento territorial se relacionan, pero no son exactamente lo mismo. Planificar es pensar, organizar y decidir el rumbo; ordenar es asignar funciones, límites y reglas al uso del territorio.
Idea central 3: Quien no entiende estas herramientas queda más expuesto a las trampas discursivas con que se justifican daños ambientales, desalojos, rellenos, minería, urbanización riesgosa y proyectos incompatibles con la vida.
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Antes de hablar de cuencas, zonas de vida, municipios, regiones de planificación, áreas protegidas, reservas de biosfera, basura, aguas servidas, minería, urbanización o presupuesto público, hay que responder una pregunta sencilla: ¿qué significa ordenar un territorio?
Ordenar el territorio no significa ponerle colores a un mapa ni repartir terrenos como si fueran fichas. Significa decidir, con conocimiento, participación y responsabilidad, qué puede hacerse en cada lugar, qué no debe hacerse, qué debe protegerse, qué debe restaurarse, qué actividades pueden convivir y cuáles son incompatibles con la vida, el agua, la seguridad y el bienestar de la población.
El territorio no es una hoja en blanco. Antes de cualquier permiso, inversión, carretera, urbanización, hotel, mina, vertedero o industria, ya existe allí una historia natural y social. Hay agua que corre o se infiltra. Hay suelos que producen comida. Hay pendientes que pueden deslizarse. Hay cañadas que reclaman su cauce cuando llueve. Hay humedales que almacenan agua. Hay manglares que protegen costas. Hay bosques que regulan clima. Hay comunidades que viven, recuerdan, trabajan y dependen de esos lugares.
Por eso, cuando alguien dice que un terreno está “vacío”, “improductivo” o “abandonado”, hay que preguntar: ¿vacío para quién?, ¿improductivo según qué criterio?, ¿abandonado por quién?, ¿qué función ecológica cumple?, ¿qué agua sostiene?, ¿qué riesgo evita?, ¿qué comunidad depende de él?
El ordenamiento territorial comienza cuando dejamos de mirar el suelo solo como mercancía y empezamos a verlo como soporte de vida.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: NO SON LO MISMO
Aunque muchas veces se usan como si fueran iguales, planificación territorial y ordenamiento territorial no significan exactamente lo mismo.
La planificación territorial es el proceso mediante el cual una sociedad, a través del Estado y con participación ciudadana, piensa su territorio, define prioridades, identifica problemas, organiza inversiones, proyecta escenarios y decide hacia dónde quiere orientar su desarrollo. Planificar es preguntar: ¿qué territorio tenemos?, ¿qué territorio estamos destruyendo?, ¿qué territorio necesitamos?, ¿qué riesgos debemos reducir?, ¿qué desigualdades debemos corregir?, ¿qué inversiones son prioritarias?
El ordenamiento territorial, en cambio, es la expresión normativa, espacial y vinculante de esa planificación. Ordenar es clasificar el suelo, definir usos permitidos, usos restringidos y usos prohibidos; proteger zonas de recarga de agua; impedir urbanizaciones en áreas inundables; reservar suelos agrícolas; delimitar zonas de amortiguamiento; reconocer áreas protegidas; regular la expansión urbana; ubicar correctamente infraestructuras sanitarias; y excluir actividades incompatibles en territorios frágiles.
Dicho de manera sencilla: la planificación piensa y organiza el rumbo; el ordenamiento establece reglas concretas sobre el uso del territorio.
La planificación dice: necesitamos proteger el agua, reducir riesgos, mejorar la vivienda, ordenar la ciudad, fortalecer la ruralidad, distribuir mejor la inversión pública.
El ordenamiento dice: aquí no se construye porque se inunda; aquí no se mina porque produce agua; aquí no se rellena porque es humedal; aquí no se urbaniza porque es suelo agrícola estratégico; aquí se restaura porque fue degradado; aquí se puede construir, pero con límites, drenaje, saneamiento y respeto a la capacidad del lugar.
Sin planificación, el territorio se convierte en improvisación. Sin ordenamiento, la planificación se queda en discurso.
LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES: EL CORAZÓN DEL PROBLEMA
Todo territorio cumple funciones. Algunas son visibles y otras no. Un valle agrícola produce alimentos. Una montaña boscosa produce agua. Un humedal amortigua inundaciones. Una cañada conduce escorrentías. Un manglar protege costas y sirve de criadero de vida marina. Una zona urbana concentra viviendas, servicios, trabajo y movilidad. Una zona industrial puede producir bienes, pero también riesgos. Un vertedero maneja residuos, pero puede contaminar si está mal ubicado.
La planificación territorial debe asignar funciones de acuerdo con la naturaleza, la capacidad y los límites de cada lugar. El error aparece cuando se le asigna al territorio una función contraria a lo que puede sostener.
Si una montaña que produce agua recibe una concesión minera, hay un conflicto de función.
Si una zona inundable recibe urbanizaciones, hay un conflicto de función.
Si un humedal se rellena para turismo, hay un conflicto de función.
Si una cañada se ocupa con viviendas, hay un conflicto de función.
Si un vertedero se instala sobre una zona de recarga, hay un conflicto de función.
Si una industria contaminante se coloca junto a comunidades vulnerables, hay un conflicto de función.
El territorio no protesta con discursos. Responde con inundaciones, sequías, deslizamientos, contaminación, pérdida de suelos, enfermedades, calor, escasez de agua, conflictos sociales y empobrecimiento.
Por eso, ordenar el territorio no es frenar el desarrollo. Es evitar que el llamado desarrollo destruya las bases que hacen posible vivir.
PARA QUÉ SIRVE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El ordenamiento territorial sirve para proteger el agua, orientar el crecimiento urbano, reducir desastres, conservar suelos agrícolas, ubicar bien las infraestructuras, evitar conflictos entre actividades, proteger ecosistemas, mejorar la inversión pública, disminuir desigualdades y defender la vida cotidiana de la gente.
Sirve para que una familia no compre o construya en una zona que se inunda todos los años.
Sirve para que una comunidad no despierte un día con un vertedero al lado.
Sirve para que una loma productora de agua no sea sacrificada por una actividad extractiva.
Sirve para que el Estado no haga una escuela, un hospital o una carretera en un lugar equivocado.
Sirve para que el turismo no destruya el paisaje, el agua y los ecosistemas que dice vender.
Sirve para que la agricultura no pierda sus mejores suelos frente a la especulación inmobiliaria.
Sirve para que las ciudades no crezcan como manchas de cemento sin drenaje, sin áreas verdes, sin transporte, sin saneamiento y sin respeto por los cauces naturales.
Sirve para que el presupuesto público no se gaste solo donde hay más presión política, sino donde existen mayores necesidades, riesgos y brechas históricas.
En una sociedad desigual, el ordenamiento territorial también es una herramienta de justicia. Los pobres suelen vivir en las zonas más expuestas: cañadas, laderas, rellenos, riberas, barrios sin drenaje, periferias sin servicios, áreas contaminadas o territorios donde se ubican actividades que otros sectores rechazan. Una planificación justa debe impedir que la pobreza sea usada como licencia para poner en peligro a la gente.
POR QUÉ LOS ACTIVISTAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEBEN CONOCER ESTAS HERRAMIENTAS
Los activistas ambientales y sociales necesitan entender el ordenamiento territorial porque muchos conflictos no comienzan cuando entra una pala mecánica, cuando se tala un bosque o cuando se rellena un humedal. Comienzan antes, en un mapa, en una licencia, en una clasificación de suelo, en una concesión, en un permiso, en una resolución, en una inversión pública mal concebida o en una consulta simulada.
QUIEN CONOCE ESTAS HERRAMIENTAS PUEDE HACER PREGUNTAS PRECISAS:
¿Qué uso de suelo tiene este lugar?
¿Está dentro de una cuenca importante?
¿Es zona de recarga?
¿Tiene riesgo de inundación?
¿Era humedal?
¿Forma parte de un área protegida o zona de amortiguamiento?
¿Existe evaluación ambiental estratégica?
¿Hubo consulta pública real?
¿Qué institución aprobó el permiso?
¿Qué dice el plan municipal de ordenamiento territorial?
¿Qué mapas se usaron?
¿Qué información se ocultó?
¿Qué alternativas se evaluaron?
¿Qué pasará con las aguas residuales, la basura, el drenaje y el tráfico?
¿Qué comunidad cargará con los impactos?
Estas preguntas cambian la calidad de la lucha social. Permiten pasar de la indignación general a la denuncia documentada. Permiten demostrar que un conflicto no es un capricho comunitario, sino una incompatibilidad territorial.
El activismo necesita poesía, indignación, movilización y amor por la vida. Pero también necesita mapas, leyes, datos, expedientes, indicadores, fotografías, memoria comunitaria, informes técnicos y capacidad de lectura crítica.
LAS TRAMPAS DISCURSIVAS DEL FALSO DESARROLLO
El ordenamiento territorial también sirve para desenmascarar trampas discursivas. Muchas veces los daños se presentan con palabras bonitas: desarrollo, progreso, modernización, inversión, empleo, recuperación, puesta en valor, interés nacional, vocación turística, compensación, mitigación, sostenibilidad.
No todas esas palabras son falsas. El problema es cuando se usan para ocultar incompatibilidades territoriales.
Una trampa frecuente es decir: “este proyecto traerá empleos”. La pregunta correcta es: ¿empleos a cambio de qué?, ¿por cuánto tiempo?, ¿para quiénes?, ¿con qué daño al agua, al suelo, al paisaje, a la salud y a la seguridad de la población?
Otra trampa es decir: “la inversión es legal”. Pero legalidad no siempre equivale a legitimidad ambiental. Un permiso puede estar mal otorgado, basarse en información incompleta, ignorar un humedal, minimizar riesgos, excluir comunidades o contradecir funciones superiores del territorio.
También se dice: “solo se afectará un área pequeña”. Pero un área pequeña puede ser una zona de recarga, una ribera, un manglar, una cueva, un nacimiento de agua, un corredor biológico o el punto crítico que mantiene funcionando un sistema mayor.
Otra frase peligrosa es: “el daño será mitigado”. Hay daños que no se mitigan de verdad. Un humedal rellenado no se reemplaza con jardinería. Una cueva destruida no se compensa con un mural. Un acuífero contaminado no se recupera con una promesa. Una montaña desmontada no vuelve a producir agua al ritmo de una nota de prensa.
También se manipula con la palabra “vocación”. Se dice que una zona tiene vocación turística, minera, urbana o industrial. Pero la verdadera vocación del territorio no la define primero el mercado. La definen el agua, la pendiente, el suelo, el clima, la biodiversidad, el riesgo, la cultura y la vida de las comunidades.
Hay otra trampa: presentar la consulta pública como participación real. Una reunión convocada tarde, con información incompleta, lenguaje técnico incomprensible y decisiones ya tomadas no es consulta. Es trámite. La participación verdadera ocurre antes de aprobar, antes de intervenir, antes de destruir.
UNA REGLA SENCILLA PARA LA POBLACIÓN
La población no necesita ser experta para entender la lógica básica del ordenamiento territorial. Basta con una regla:
donde se produce agua, el agua manda;
donde hay riesgo, la vida manda;
donde hay humedal, la amortiguación manda;
donde hay suelo agrícola estratégico, la comida manda;
donde hay área protegida, la conservación manda;
donde hay ciudad, el saneamiento manda;
donde hay comunidad, la dignidad manda.
Esa regla no resuelve todos los detalles técnicos, pero ayuda a ordenar el pensamiento. Cuando un proyecto contradice una función vital del territorio, debe ser revisado, corregido o rechazado.
CONCLUSIÓN: APRENDER A LEER EL TERRITORIO
El ordenamiento territorial no es un lujo. Es una herramienta para defender el agua, la vivienda segura, la salud, la alimentación, el paisaje, la cultura, la movilidad, la inversión pública y la vida familiar.
Una comunidad que entiende el territorio puede defenderse mejor. Puede exigir mapas. Puede pedir estudios. Puede cuestionar permisos. Puede reclamar consulta. Puede identificar riesgos. Puede denunciar manipulaciones. Puede proponer alternativas. Puede vigilar que el desarrollo no se convierta en despojo.
El país necesita que el ordenamiento territorial salga de los escritorios y entre en las escuelas, juntas de vecinos, asociaciones campesinas, universidades, iglesias, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones ambientales y conversaciones familiares.
Porque al final, ordenar el territorio es decidir qué tipo de vida queremos sostener.
Y si la gente no participa en esa decisión, otros decidirán por ella: dónde vivirá, qué agua beberá, qué aire respirará, qué riesgos cargará, qué paisaje perderá y qué futuro heredarán sus hijos.
De eso hablaremos en próximo artículo.
