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ONPECO RECLAMA CAMPAÑA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTES DE LA APLICACIÓN DEL COBRO DE FUNDAS PLÁSTICAS

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), consideró necesario que las autoridades desarrollen una amplia campaña nacional de información y educación ambiental antes del próximo 15 de diciembre, fecha en que vence el plazo establecido por la Ley núm. 98-25 para que los establecimientos comerciales dejen de entregar gratuitamente fundas plásticas de un solo uso.

ONPECO ha defendido históricamente la necesidad de reducir el uso de plásticos desechables por sus consecuencias sobre el medioambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población, por tanto, respalda las medidas dirigidas a modificar hábitos de consumo que contribuyen a la generación de residuos.

“El problema es pretender modificar una costumbre arraigada durante décadas sin que la población haya recibido previamente suficiente información sobre las razones del cambio, su alcance y las alternativas disponibles”, precisa.

Señala que durante años, las fundas plásticas han sido entregadas sin un cobro individualizado en colmados, supermercados, farmacias y otros establecimientos y cambiar esa práctica requiere más que una fecha y debe explicarse por qué debe reducirse su utilización, cuáles son sus consecuencias ambientales y qué opciones tendrá el consumidor para sustituirlas.

La propia Ley 98-25 dispone que, durante el período de transición, los establecimientos que continúen proporcionando fundas plásticas deben realizar campañas de sensibilización para promover su sustitución por bolsas reciclables o reutilizables y reducir su consumo.

A pocas semanas del vencimiento del plazo, todavía existen dudas públicas sobre aspectos esenciales de la aplicación de la medida, entre ellos las características de las bolsas, sus precios, las modalidades de cobro y otros aspectos operativos que deberán ser definidos.

Para ONPECO, esto hace todavía más necesaria una campaña nacional coordinada por las autoridades ambientales.

La educación ambiental no puede quedar limitada a un aviso colocado en la caja de un supermercado ni a iniciativas aisladas de determinados comercios, sino que se necesita una estrategia de alcance nacional que involucre medios de comunicación, escuelas, organizaciones comunitarias, comercios y gobiernos locales.

Expone que existe, además, otro aspecto fundamental desde la perspectiva de los derechos del consumidor: el derecho a saber cuánto tendrá que pagar.

“El consumidor debe conocer previamente el precio de las bolsas que se le ofrecerán, sus características y las alternativas disponibles. No debería enterarse del costo de esta nueva modalidad cuando ya se encuentra frente a la caja registradora pagando sus compras”, plantea.

La información sobre el precio debe estar visible, ser clara y permitir que el consumidor pueda decidir si compra una bolsa, lleva una reutilizable o utiliza otra alternativa.

ONPECO entiende que la protección ambiental y los derechos de los consumidores no son objetivos contrapuestos y una política ambiental sostenible necesita ciudadanos informados, conscientes y preparados para modificar sus hábitos.

Por ello, exhortó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las demás instituciones competentes a asumir un papel activo en la orientación de la ciudadanía antes de la entrada en aplicación plena de la disposición.

Reiteró su respaldo a la reducción de los plásticos de un solo uso, pero recuerda que cambiar hábitos sociales exige educación.

La conciencia ambiental no se construye sorprendiendo al consumidor al momento de pagar. Se construye con información, educación, transparencia y responsabilidad compartida.

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